Las empresas que tienen una cierta influencia en la sociedad, ya sea por su visibilidad, por el volumen de sus operaciones o por el impacto en las comunidades vecinas, tradicionalmente han sostenido relaciones con entidades del gobierno, a nivel local, departamental o nacional.
Muchas veces esta clase de vínculos se relaciona con actividades de naturaleza política, y pueden tener un matiz negativo: se piensa en intereses, favores, privilegios, comisiones y, en última instancia, corrupción.
No obstante, no está mal que las empresas tengan intereses en el sector público. Lo que no conviene es que se administren por debajo de la mesa. Los intereses son legítimos y, por lo tanto, conviene manejar estas relaciones de forma abierta y transparente. Con eso también las entidades del gobierno pueden establecer diálogos con el sector privado para contribuir a la solución de las diferentes necesidades de las comunidades.
Por esta razón, necesitamos avanzar en la profesionalización de las relaciones entre el sector privado y el sector público; una muestra de ello la encontramos en las alianzas público-privadas. De la misma forma se pueden explorar nuevos caminos que contribuyan a una nueva visión de la colaboración entre sectores, en función de las necesidades de las poblaciones y de la posibilidad de generar proyectos que favorezcan al bien común.
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