No más secuestrados

Es verdad, es triste que hayan muerto tantos colombianos como fruto del secuestro para que uno se sienta removido por una situación tan atroz. No es que no nos lo hubiéramos cuestionado antes, sino que hay dramas frente a los que nos sentimos impotentes, y eso llega a convertirse en un narcótico; como si, con el tiempo, se aceptara con cierta resignación.

Estamos terminando el año de los indignados, en el que muchas organizaciones en el país se valieron de esa consigna para realizar grandes manifestaciones a lo largo de los días para presionar al Estado a que gestione cambios a favor de sus intereses, y eso es legítimo; por eso, algo similar debería inventarse para hacerle sentir a la guerrilla que es la sociedad entera la que repudia el secuestro. Es obvio que no tenemos los mecanismos para bloquear a la guerrilla de la forma como se entorpece la vida de una ciudad para presionar un cambio, pero no quiere decir que no puedan idearse. Lo que necesitamos es una presión moral, mucho más que una estrategia militar o política.

Yo no soy experto, pero no creo que en las actuales condiciones los secuestrados sean una carta de la guerrilla para buscar un canje. Tampoco deberían ser parte de las exigencias del gobierno para buscar una negociación política. Me parece que los alcances políticos que tiene la guerrilla con personajes como Piedad Córdoba o Hugo Chávez hacen que cualquier proceso de negociación se alargue indefinidamente, independientemente de las bajas a los cabecillas.

Esto no puede seguir siendo un asunto entre el gobierno y la guerrilla. Es la sociedad civil la que debe transmitir un mensaje a la guerrilla: este no es más un asunto del conflicto colombiano. No pretendo cuestionar la obligación que tiene el Estado de procurar la liberación de estas personas, pero no podemos desconocer el contexto que enmarca ese propósito. Para una persona que lleva tantos años secuestrada, el riesgo no puede ser más el de morir por cuenta de una falla táctica. Si la responsabilidad de liberar a los secuestrados es del Estado, entonces el Estado somos todos y tenemos que entender qué significa eso y de qué manera el gobierno queda, de alguna manera, subordinado a la responsabilidad de los ciudadanos, porque los ciudadanos quedamos obligados a comprometernos.

Lo que está en juego, aparte de la libertad de los secuestrados, es la fortaleza y la cohesión de nuestras instituciones cívicas, de nuestros cuerpos intermedios. No se trata de organizar marchas, pero sí de convocar a las fuerzas institucionales de la sociedad (diferentes de los poderes tradicionales) para que transmitan un mensaje claro y contundente a la guerrilla: los secuestrados no son una estrategia de la guerra. No importa cuáles sean las razones: los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el tiempo que llevan en cautiverio, el dolor de sus familiares, o todas las anteriores, el mensaje es uno: exigimos su liberación. Estamos en la era de las comunicaciones y ya hay iniciativas en ese sentido (www.colombiasoyyo.org). Hay que proponer otras. Es perfectamente posible.

Un Ministerio de Desarrollo Empresarial

La Central Unitaria de Trabajadores, de Colombia, espera que el nuevo Ministerio de Trabajo se encargue de velar por la seguridad social del trabajador, custodie el respeto a los derechos laborales y las garantías a las libertades sindicales. En otras palabras, que haya una buena estructura de defensa frente a eventuales discrepancias con los empresarios. Como decía un analista recientemente, el despacho del trabajo termina por convertirse en una inspección de garantías. Es curioso que en estos casos se escuche menos la voz de los empresarios que las de los sindicatos; pareciera una verdad de Perogrullo que las relaciones entre unos y otros están marcadas por el antagonismo.

Sabemos que ciertas mentalidades inversionistas ven en los trabajadores un costo antes que una oportunidad de crecimiento; de hecho los textos clásicos de economía establecen que los factores tradicionales de producción son la tierra el trabajo y el capital. No se ha reflexionado suficientemente sobre la injusticia que supone poner a las personas (trabajo) al mismo nivel de la tierra o el capital: es la instrumentalización formal del ser humano al servicio de intereses particulares. La ética, en cambio, enseña que las personas son un fin en sí mismo, y las empresas un medio para servir a los propósitos personales y del bien común.

Como consecuencia de este desconocimiento, las ideologías socialista y comunista propiciaron la generalización de un ambiente de confrontación, en detrimento de la dinámica misma de la empresa y el desarrollo. Las leyes de seguridad social reflejan esta mentalidad precisamente porque recogen la historia de las relaciones laborales, marcadas por la fragmentación en facciones de las organizaciones y las comunidades.  Pensemos en el SENA: queda adscrito al Ministerio del Trabajo, pero quienes mejor conocen las competencias que requieren sus estudiantes para un adecuado desempeño laboral son los empresarios, sin mencionar que el ente que regula cualquier otra institución de formación técnica en el país, es la cartera de Educación.

No se trata de desconocer el complejo entramado de intereses y conflictos que marca las relaciones laborales; lo que pasa es que la visión del gobierno en la materia determina la dirección de la política de estado y la estructura burocrática que la soporte; por eso hoy se habla de alianzas público-privadas. Aunque parezca una utopía, conviene revisar el paradigma imperante. Nadie ha dicho que la gestión pública no pueda inspirarse en las teorías actuales de Management: aquello del trabajo en equipo, la motivación, la capacitación, la carrera profesional, etc. Por ejemplo, los costos y los pleitos laborales se reducirían significativamente si la ley estimulara la participación de los colaboradores en los resultados de la empresa -lo mismo cuando se gana que cuando se pierde-, que no necesariamente significa asociatividad cooperativa; eso se puede hacer mediante descuentos tributarios o parafiscales. También se reducirían los traumatismos propios de los grandes recortes si los contratos de trabajo promovieran la generación de escuelas de emprendimiento, orientadas al fortalecimiento de las cadenas de valor.

Lo que yo haría sería fusionar el ministerio naciente con el de Industria, Comercio y Turismo. Las lluvias de ideas son gratis. Aunque eso suponga toda una batalla campal en un comienzo; es la misma que ya se vive en otros escenarios. La Comisión de Concertación Laboral debería llamarse Equipo de Desarrollo Empresarial, y su tema principal de discusión no debería ser el salario mínimo, que al final se impone por decreto, sino las exigencias del mercado, las necesidades de formación profesional, misiones de comercio exterior, etc.

Un principio rector del desarrollo sostiene que la sociedad es la primera responsable de sus problemas y soluciones, en cabeza de los diferentes grupos de interés involucrados; resulta muy útil al momento de definir modelos novedosos de política pública y cooperación entre las partes.

Lecciones no aprendidas

No hemos aprendido la lección. Es relativamente fácil desentenderse: dado que el problema es intergeneracional, lo más probable es que quienes toman las decisiones hoy no tengan que asumir las consecuencias cuando se presenten los déficits y los reclamos correspondientes.

Me refiero al problema de Seguridad Social. Acabamos de presenciar el amotinamiento popular que enfrentó Francia en reacción a los decretos que se vio obligado a promulgar el Parlamento; mientras tanto, en Colombia se aprobó una Ley que establece la esterilización quirúrgica gratuita, es decir, con cargo a los impuestos de todos los colombianos. De acuerdo con este precedente, ¿debería ser gratuito también el tratamiento para el VIH o el cáncer? ¿No acaba de colapsar el sistema de salud por medidas de esta naturaleza? Lo más curioso es que el tema apenas se mencionó en los medios de comunicación.

Según cifras del DANE, en 1985 había en Colombia 6,86 personas entre los cero y los 20 años por cada individuo mayor de sesenta. Para 2005 esa cifra había pasado a 4,58, una reducción de más del 33% en la proporción entre menores de edad y adultos mayores; esto, sin mencionar el número de desempleados que no pueden cotizar para alimentar el sistema pensional.

El eje del problema es el mismo: los modelos contemporáneos de seguridad social exigen la participación solidaria de las generaciones entrantes en el sostenimiento de quienes se pensionan; sin embargo, la Población Económicamente Activa en la mayoría de los países no alcanza a sostener a los que van abandonando el aparato productivo.  No se entiende cómo ciertas corrientes sostienen  aún la teoría de la superpoblación cuando el mundo entero presencia el colapso del Estado Benefactor, precisamente por la desproporción entre el incremento en la esperanza de vida y los niveles de consumo, comparado con el número de personas que aportan al régimen. La obsesión por garantizar una serie de derechos individuales de reciente creación, que ni siquiera están consagrados en la Constitución, lleva a muchos a desconocer las implicaciones macroeconómicas y de largo plazo de las decisiones tomadas.

Hay una cultura de temor al arribo a las nuevas generaciones, básicamente porque no se entienden como tales, sino como cargas. Los hijos se convirtieron en un derecho individual (ni siquiera familiar); en consecuencia, en las sociedades de consumo los niños ya no son bienvenidos sino deseados (o no deseados). Se han vuelto un elemento más de la canasta de consumo, con la diferencia de que ellos en algún momento pasan a ser también sujetos de derechos (y de conflictos, bajo esta perspectiva).

Lo que no se observa es que la idea de responsabilidad no aparece por ninguna parte, aunque son caras de la misma moneda: derechos y deberes. No se habla de la responsabilidad de formar nuevos ciudadanos, ni de la de contribuir al sistema de seguridad social. Lo que es más paradójico: defendemos el medio ambiente para que lo puedan aprovechar las nuevas generaciones, pero nos da miedo verlas llegar.

Promovemos las innovaciones tecnológicas pero desconfiamos del sujeto capaz de proveerlas. Una nueva vida humana –la única verdadera novedad, según decía Hannah Arendt- supone un riesgo muy alto, y en nuestras sociedades los riesgos se calculan en función de tasas de retorno per capita, no de la espiral virtuosa de promesas que se deriva de una mente innovadora.

Eso guarda una relación directa con el desarrollo empresarial: la base del crecimiento es la actividad empresarial, pero la condición sine qua non de la empresa es el riesgo. Muchos pretenden ignorar esa realidad delegando al “Estado Social de Derecho” y a una cierta concepción de la “Responsabilidad Social”, la tarea que sólo puede concretarse en el trabajo conjunto de la población, organizado en unidades productivas y de servicio.

Correr el riesgo que supone la bienvenida a las nuevas generaciones significa creer en la capacidad de innovación de las personas, siempre que se entiendan éstas como sujeto de derechos y deberes; hombres y mujeres capaces de encontrar oportunidades y soluciones aún en las circunstancias más adversas, tal como lo demostró Chile hace unos días.

Pero para lograrlo hay que entrar por la puerta estrecha; hace falta aceptar los sacrificios propios de la vida familiar y comunitaria

Menos fútbol y más política

A veces uno tiene que escribir guiado por “las señales de los tiempos” si es que espera que la “opinión pública” lo lea. En tiempos de mundiales y campañas electorales no quedan muchas opciones y entre las dos la decisión me resulta sencilla porque mi ignorancia es menor en política que en fútbol; eso explica el título. Claro que hoy puedo decir que la presentación de Shakira me pareció una maravilla.

Sobre la cosa política, igual corro el riesgo de pecar de ingenuo porque, aunque me gustan los asuntos públicos, se sabe que no hago parte de la vida activa de elecciones y partidos; para algunos eso equivale a proponer la formación de la selección de Brasil después de hacer un curso virtual en el SENA. De todos modos me arriesgo.

Después del debate de City TV, me quedó la sensación de que Mockus se hizo a unas cuantas consciencias; Santos, a unos cuantos votos. Es una actitud valiente la de arremeter contra la tradición clientelista del país poniéndola en cabeza de su contendor; el problema es que, entre otras razones, éste tiene esa popularidad justamente porque se apoya en acuerdos políticos que logran “economías de escala”.

También es verdad que de tanto hacer énfasis en las críticas, a Mockus no le ha quedado tiempo para explicar cómo piensa corregir la cultura del atajo, en un escenario particularmente complejo, teniendo en cuenta la participación tan precaria que su Partido en el Congreso. No me imagino quién podría ser su Ministro de Gobierno para que se le mida a semejante potro. No todo es tecnocracia.

Sin embargo, pienso que lo que Mockus no consigue en las urnas si podría alcanzarlo desde la sociedad civil. Unos cuatro millones de votos son un patrimonio político interesante para cualquier líder de opinión. Me da la impresión de que el profesor sabe que ya no se posesiona este año, pero aprovecha el protagonismo que se ha ganado a pulso ante la Opinión Pública para abonar el terreno y sembrar unas cuantas semillas de movilización cívica.

Por ejemplo, creo que su argumento sobre el incremento de los impuestos no es tanto un planteamiento fiscal como una invitación a que los ciudadanos aceptemos la responsabilidad que nos cabe en la solución de nuestros problemas sociales. De hecho, ya puso sobre la mesa el ejemplo de la donación voluntaria del 10% que aplicó durante su Alcaldía.

Si los seguidores de Mockus son consecuentes, tendrían que estar dispuestos a secundar las iniciativas que éste formule desde la oposición cívica. De otra forma, caerían en la misma pasividad que él cuestiona y contribuirían a legitimar ese mesianismo que tanto daño le hace al país, y que consiste en delegar en unos pocos la responsabilidad por los problemas de todos.

En estos tiempos en que hasta la justicia ha caído en tal grado de politización, lo que es ingenuo es pensar que los poderes de la democracia son el ejecutivo el legislativo y el judicial. Como afirma Alejandro Llano, tenemos que empezar por reconocer que las verdaderas fuerzas que rigen estas sociedades de consumo son el Estado, el Mercado y los Medios de Comunicación.  Por tanto, el verdadero cuarto poder tiene que ser la sociedad civil, si es que realmente aspiramos a consolidar una democracia. En ese terreno Mockus tiene autoridad moral para exigir y talante para movilizar.

Para concluir con el mismo Llano, “en realidad, no hay más libertades que las que uno se toma (…) el actual discurso sobre la sociedad civil parece con frecuencia referirse a una tierra de nadie de la que siempre cabe sospechar que es de alguien muy determinado. (…) El intervencionismo estatal llega tan lejos como se lo permite la irresponsabilidad ciudadana, aletargada por un consumismo que –según dice Daniel Bell- redefine los lujos de hoy como necesidades de mañana”.[1]


Ahi ta.

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[1] Referencias tomadas de Humanismo Cívico, de Alejandro Llano. Ariel, Barcelona, 1999.

Haití, o la solidaridad extraordinaria

Juan Pablo II decía que el sufrimiento ajeno es la oportunidad que tenemos para aprender a ser solidarios. Lo acabamos de vivir con la tragedia de Haití. Ante situaciones tan dramáticas parece que se frenara en seco la inercia cotidiana y se dispararan los resortes de la solidaridad social. Por unos días el mundo parece reunido en torno a una causa común. Ante la tragedia todos quisiéramos aportar un grano de arena.


Pero llegó un momento en que se restringió la recepción de aportes en especie y se pidió que únicamente se hicieran donaciones en efectivo. Entonces la solidaridad quedó al alcance de los que tenían posibilidades económicas. Son las reglas de la solidaridad extraordinaria.

Los muertos serán enterrados; los enfermos atendidos; los edificios reconstruidos, y tal vez hasta se proporcione un nuevo diseño a la ciudad; con el tiempo, se dará vuelta a esta página de la historia. Pero las condiciones crónicas de la pobreza de Haití muy probablemente persistirán, tal como sucede en nuestras propias sociedades.

Todos sabemos que el drama de Haití no se inició con el terremoto: la gravedad de la situación se debe en parte a que nos vamos acostumbrando a la miseria generalizada de un pueblo, enraizada en factores de orden moral, político, económico, etc.. Es como si hubiera sido necesario un desastre natural para que el planeta volviera por unos instantes la mirada a este país; entonces recordamos que, en buena medida, la magnitud del problema se debe al abandono crónico de sus gentes.

Sin embargo, también la solidaridad ordinaria tiene un término: las donaciones económicas pueden volverse asistencialistas. El límite no está tanto en la capacidad del que quiere ayudar, cuanto en la complejidad del problema, en razón de la mayor o menor posibilidad que tenga “la víctima” de tomar parte en la solución: no se pueden asumir las responsabilidades de los otros.

Llega un momento en que nos preguntamos si, además de ofrecer una oración, podríamos hacer algo más por los que sufren, especialmente si los padecimientos son espirituales más que materiales; si las carencias se deben a vicios propios más que a condiciones externas. De hecho, deberíamos cuestionarnos si en determinadas circunstancias no tendrá mayor impacto una oración que un aporte material. En ese caso la solidaridad queda al alcance de todos. Alguien dijo: “más que en dar, la caridad está en comprender”.

Lo simple y lo complejo

El desafío que nos plantea la lucha contra la pobreza en sus diversas manifestaciones, desde la desnutrición, el analfabetismo y las grandes enfermedades, hasta los obstáculos para acceder a sociedades verdaderamente libres y democráticas, nos llevan permanentemente a cuestionar la pertinencia y el alcance de las medidas que se adoptan para procurar una solución viable y efectiva.

El problema es estructural, decimos, y debido a esa convicción nos embarcamos en el diseño de propuestas y estructuras que sean lo suficientemente complejas para que alcancemos a soñar con que un día habremos encontrado, por fin, una solución definitiva.

Muchas veces se cree que la pobreza es un problema esencialmente político que se debe “delegar” a las instancias correspondientes, que sean capaces de generar mecanismos universales y sistemáticos para proveer la atención debida. El comentario del profesor Oscar Rodríguez, de la Universidad Nacional de Colombia, sugiere algo de eso:

La solución de la cuestión social es responsabilidad exclusiva del Estado, aunque en algunos momentos de la historia haya sido objeto de acciones particulares. La lucha contra la pobreza llevó al surgimiento de sociedades filantrópicas, de sociedades mutuales, del sindicalismo e hizo parte de la forma como el sector privado del siglo XIX instituyó una política social sin mayor injerencia del Estado (…) este fue el espacio propicio para desarrollar la caridad cristiana. (1)

Hoy ya no nos es suficiente la acción particular de los Estados: apelamos a las grandes “decisiones mundiales”, hasta el punto que se promueve el compromiso con los Objetivos del Milenio, aunque no nos queda completamente claro cómo es que los vamos a alcanzar.

Sin embargo, resuena en nuestras conciencias la pregunta sobre la esencia real de la cuestión y en qué medida se puede atender únicamente con estructuras técnicas y racionales situaciones que tienen importante fundamentos morales y subjetivos, y se llega a eximir a los individuos de su compromiso personal con sus semejantes, en razón de una excesiva confianza en la magnitud o la idoneidad de las prácticas adoptadas.

No importa qué tan sofisticados lleguen a ser nuestros sistemas administrativos, qué tan eficientes sean los esquemas de recaudo y redistribución tributaria, o qué tan alineadas estén las estrategias corporativas con una cierta mentalidad “socialmente responsable”; siempre queda el riesgo de un nuevo error, de la voluntad de emplear el poder a favor de intereses particulares, de aprovechar una ventaja de mercado en perjuicio de actores “menos competitivos”; queda latente la desventaja de los que no tienen voz, capacidad de acción o criterio para tomar una decisión. Es el riesgo que entraña el encuentro de dos grandes realidades humanas: la libertad y la fragilidad.

Llega un momento en que todos los aparatos burocráticos son insuficientes para explicar por qué alguien se niega a auxiliar a otro, aunque tenga los medios para hacerlo; o, en sentido contrario, por qué en tantas ocasiones basta con una sonrisa para mitigar la sed espiritual de tantas formas de soledad. Es lo que señala Alberto Ferrucci, en alusión a una propuesta de desarrollo en torno a la comunidad y la comunión:

La razón tiene límites que, especialmente en ciertas circunstancias, emergen con gran evidencia. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas deudas intelectuales no pueden ser saldadas de manera satisfactoria. Justamente por eso, la mente, en su esfuerzo de poner a la par en todas partes la deuda y el servicio, deja abierta la perspectiva del corazón, si el corazón es el lugar del sentimiento, en el sentido fuerte de la disposición de ánimo, es decir, el lugar del amor. El amor interviene en el momento en el cual se advierte que la razón no alcanza para dar lo debido a todos aquellos de los cuales se ha obtenido. El fundamento de la cultura del dar no puede estar solamente en un acto de la razón, por más que sea necesario. Hace falta que la cultura del dar encuentre su plena realización en el corazón. (2)

Hay una historia -real- que ilustra de forma magistral esta paradoja de nuestra existencia. El protagonista es Víktor Frankl, psiquiatra austríaco que fue prisionero de los campos de concentración nazis y que, después de haber ayudado a muchos compañeros suyos a encontrar un sentido a su existencia en medio de la miseria de sus condiciones, tuvo un día en sus manos la posibilidad de la fuga, con la colaboración del Dr. Bela, médico húngaro. El relato es de Rafael de Los Ríos:

“Cuando Víktor entró en el barracón, reunió todas sus posesiones: un cuenco, dos guantes rotos –heredados de un paciente muerto de tifus- y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que había empezado a reconstruir El médico y el alma (la obra que había escrito cuando fue internado en el campo de concentración). Pasó una vista rápida a todos sus pacientes, que yacían sobre tablones a ambos lados del barracón.

Aunque tenía que guardar en secreto la intención de escapar, Víktor mostraba cierto nerviosismo, y uno de aquéllos pacientes –nacido en Viena-, cuya vida se empeñaba inútilmente en salvar, le preguntó:

-¿Te vas tú también?

-¿A dónde voy a ir? –negó Víktor.

Pero, tras la ronda de enfermos, volvió junto a su compatriota. Observó su mirada desesperada y sintió como una especie de acusación. De pronto, decidió mandar en su destino:
-No me voy a ir de ninguna de las maneras –le aseguró.

Salió corriendo del barracón y llegó hasta donde se encontraba el doctor Bela.

-Lo siento de veras –le dijo Víktor-, pero no voy a irme contigo.

-¿Por qué has cambiado de opinión? –inquirió el médico húngaro.

-Porque no puedo, ni debo, abandonar a mis enfermos. Prefiero quedarme con mis pacientes. Es todo, querido Bela.

-¡Pero ni siquiera sabes lo que te traerán los próximos días!

- Lo que Dios quiera –contestó Víktor sonriendo abiertamente-. Por eso me ha desaparecido el remordimiento que tenía de dejarlos ahí tirados, delirando sobre los tablones podridos. Y por eso tengo ahora una gran paz interior, como nunca antes he sentido.

-Pues ¿sabes lo que te digo? –El doctor Bela también sonrió-. Que nos quedamos los dos… (3)

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(1) Oscar Rodríguez, “Economía institucional, corriente principal y heterodoxia”, En: Revista de Economía Institucional, No. 4, 2001.

(2) Alberto Ferrucci, “Economía de Comunión: los desafíos del 2000”, En: Economía de Comunión. Una nueva cultura. Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2006.

(3) Rafael de Los Ríos, Cuando el mundo gira enamorado. Semblanza de Víktor Frankl, Rialp, Madrid, 2004.

Los grupos de interés: relaciones políticas

A mi juicio, la responsabilidad social tiene hoy en día tres grandes pilares: la fundamentación ética, la contribución a los Objetivos del Milenio y las relaciones con los grupos de interés.
Quisiera centrarme en este último punto.

Se busca que la empresa identifique cuáles son sus grupos de interés y determine qué beneficios les puede proporcionar. Las personas de mentalidad más avanzada proponen que dichos beneficios se construyan conjuntamente, dado que no es una cuestión exclusiva de la empresa, ni todos los intereses de los grupos de interés son responsabilidad de una empresa determinada.

Pero lo que a mí me interesa del tema es su connotación política. El hecho de que se pone sobre la mesa el problema de los conflictos de interés, que suele entenderse un poco como un tabú, o como un asunto que se zanja con normas éticas.

Lo primero que habría que decir al respecto es que la empresa es también un grupo de interés (así lo reconoce el último borrador de la Guía ISO en la sección relativa a las relaciones con la comunidad). Significa que también la empresa busca algo de cada uno de sus interlocutores, más allá de las metas comerciales. También supone que hay unas relaciones de poder, según las cuales algunos actores tendrán mayor capacidad de influencia que otros.

Lo que no quiere decir es que dichos conflictos sean ilegítimos: no es ilegítimo que unos tengan más poder que otros; como no es ilegítimo que la empresa busque algún beneficio de sus relaciones con la comunidad o de sus estrategias de “mercadeo social”. Lo que no está bien es que las negociaciones se realicen por debajo de la mesa. Ese hacerlo de manera abierta y transparente es el ejercicio mismo de la política. Y lo que en última instancia confiere legitimidad al conjunto de relaciones es el hecho de que cada uno de los participantes sea consciente del compromiso que tiene con el bien común, más allá de las pretensiones particulares.

Cuando reconozcamos la legitimidad de los intereses particulares de los grupos de interés, nuestro pensamiento y nuestro diálogo partirán de paradigmas fundados en criterios éticos y transparentes; y en esa misma medida estaremos en condiciones de identificar, simultáneamente con los beneficios particulares, aquellos que contribuyen al bien común.

Una muestra de esta perspectiva la podemos ver en el modelo de las Cajas de Compensación Familiar. Allí se reúnen empleados y empleadores para proporcionar beneficios a las familias (el interés común) a partir de la definición de mecanismos que proporcionan a los particulares (empresas y colaboradores) lo que cada uno no podría conseguir individualmente.