La Central Unitaria de Trabajadores, de Colombia, espera que el nuevo Ministerio de Trabajo se encargue de velar por la seguridad social del trabajador, custodie el respeto a los derechos laborales y las garantías a las libertades sindicales. En otras palabras, que haya una buena estructura de defensa frente a eventuales discrepancias con los empresarios. Como decía un analista recientemente, el despacho del trabajo termina por convertirse en una inspección de garantías. Es curioso que en estos casos se escuche menos la voz de los empresarios que las de los sindicatos; pareciera una verdad de Perogrullo que las relaciones entre unos y otros están marcadas por el antagonismo.
Sabemos que ciertas mentalidades inversionistas ven en los trabajadores un costo antes que una oportunidad de crecimiento; de hecho los textos clásicos de economía establecen que los factores tradicionales de producción son la tierra el trabajo y el capital. No se ha reflexionado suficientemente sobre la injusticia que supone poner a las personas (trabajo) al mismo nivel de la tierra o el capital: es la instrumentalización formal del ser humano al servicio de intereses particulares. La ética, en cambio, enseña que las personas son un fin en sí mismo, y las empresas un medio para servir a los propósitos personales y del bien común.
Como consecuencia de este desconocimiento, las ideologías socialista y comunista propiciaron la generalización de un ambiente de confrontación, en detrimento de la dinámica misma de la empresa y el desarrollo. Las leyes de seguridad social reflejan esta mentalidad precisamente porque recogen la historia de las relaciones laborales, marcadas por la fragmentación en facciones de las organizaciones y las comunidades. Pensemos en el SENA: queda adscrito al Ministerio del Trabajo, pero quienes mejor conocen las competencias que requieren sus estudiantes para un adecuado desempeño laboral son los empresarios, sin mencionar que el ente que regula cualquier otra institución de formación técnica en el país, es la cartera de Educación.
No se trata de desconocer el complejo entramado de intereses y conflictos que marca las relaciones laborales; lo que pasa es que la visión del gobierno en la materia determina la dirección de la política de estado y la estructura burocrática que la soporte; por eso hoy se habla de alianzas público-privadas. Aunque parezca una utopía, conviene revisar el paradigma imperante. Nadie ha dicho que la gestión pública no pueda inspirarse en las teorías actuales de Management: aquello del trabajo en equipo, la motivación, la capacitación, la carrera profesional, etc. Por ejemplo, los costos y los pleitos laborales se reducirían significativamente si la ley estimulara la participación de los colaboradores en los resultados de la empresa -lo mismo cuando se gana que cuando se pierde-, que no necesariamente significa asociatividad cooperativa; eso se puede hacer mediante descuentos tributarios o parafiscales. También se reducirían los traumatismos propios de los grandes recortes si los contratos de trabajo promovieran la generación de escuelas de emprendimiento, orientadas al fortalecimiento de las cadenas de valor.
Lo que yo haría sería fusionar el ministerio naciente con el de Industria, Comercio y Turismo. Las lluvias de ideas son gratis. Aunque eso suponga toda una batalla campal en un comienzo; es la misma que ya se vive en otros escenarios. La Comisión de Concertación Laboral debería llamarse Equipo de Desarrollo Empresarial, y su tema principal de discusión no debería ser el salario mínimo, que al final se impone por decreto, sino las exigencias del mercado, las necesidades de formación profesional, misiones de comercio exterior, etc.
