Es verdad, es triste que hayan
muerto tantos colombianos como fruto del secuestro para que uno se sienta removido por una situación tan
atroz. No es que no nos lo hubiéramos cuestionado antes, sino que hay dramas
frente a los que nos sentimos impotentes, y eso llega a convertirse en un
narcótico; como si, con el tiempo, se aceptara con cierta resignación.
Estamos terminando el año de los
indignados, en el que muchas organizaciones en el país se valieron de esa
consigna para realizar grandes manifestaciones a lo largo de los días para
presionar al Estado a que gestione cambios a favor de sus intereses, y eso es
legítimo; por eso, algo similar debería inventarse para hacerle sentir a la
guerrilla que es la sociedad entera la que repudia el secuestro. Es obvio que
no tenemos los mecanismos para bloquear a la guerrilla de la forma como se entorpece
la vida de una ciudad para presionar un cambio, pero no quiere decir que no
puedan idearse. Lo que necesitamos es una presión moral, mucho más que una estrategia
militar o política.
Yo no soy experto, pero no creo que en las actuales condiciones los secuestrados sean una carta de
la guerrilla para buscar un canje. Tampoco deberían ser parte de las exigencias
del gobierno para buscar una negociación política. Me parece que los alcances
políticos que tiene la guerrilla con personajes como Piedad Córdoba o Hugo
Chávez hacen que cualquier proceso de negociación se alargue indefinidamente,
independientemente de las bajas a los cabecillas.
Esto no puede seguir siendo un
asunto entre el gobierno y la guerrilla. Es la sociedad civil la que debe
transmitir un mensaje a la guerrilla: este no es más un asunto del conflicto
colombiano. No pretendo cuestionar la obligación que tiene el Estado de procurar
la liberación de estas personas, pero no podemos desconocer el contexto que
enmarca ese propósito. Para una persona que lleva tantos años secuestrada, el
riesgo no puede ser más el de morir por cuenta de una falla táctica. Si la
responsabilidad de liberar a los secuestrados es del Estado, entonces el Estado
somos todos y tenemos que entender qué significa eso y de qué manera el
gobierno queda, de alguna manera, subordinado a la responsabilidad de los
ciudadanos, porque los ciudadanos quedamos obligados a comprometernos.
Lo que está en juego, aparte de
la libertad de los secuestrados, es la fortaleza y la cohesión de nuestras
instituciones cívicas, de nuestros cuerpos intermedios. No se trata de
organizar marchas, pero sí de convocar a las fuerzas institucionales de la
sociedad (diferentes de los poderes tradicionales) para que transmitan un
mensaje claro y contundente a la guerrilla: los secuestrados no son una
estrategia de la guerra. No importa cuáles sean las razones: los derechos
humanos, los crímenes de lesa humanidad, el tiempo que llevan en cautiverio, el
dolor de sus familiares, o todas las anteriores, el mensaje es uno: exigimos su
liberación. Estamos en la era de las comunicaciones y ya hay iniciativas en ese
sentido (www.colombiasoyyo.org). Hay que proponer otras. Es perfectamente
posible.
