En Colombia ha sido noticia el conflicto entre comunidades, empresa y autoridades, por la
desviación del Río Magdalena, con el propósito de construir una represa. Todos conocemos los inconvenientes que trae a una comunidad el desplazamiento
a una nueva región. Sin embargo,
el problema no es exclusivo de las zonas rurales. Los proyectos de transporte
masivo suelen acarrear esos mismos inconvenientes, y los beneficios que proporcione el proyecto no necesariamente disminuyen la incomodidad de la situación. No es simplemente un problema logístico, sino de desarraigo. Tampoco hace falta un análisis
minucioso para entender los beneficios de una nueva represa. La diferencia es
grande respecto de otros proyectos, como el minero que se asocian más fácilmente a
intereses económicos particulares y a problemas de contaminación.
Las denuncias que se han
presentado por parte del gobierno y la compañía constructora, en el sentido de
que no todos los líderes de las protestas eran vecinos afectados, sino
estudiantes y dirigentes sociales de otras regiones, no le resta legitimidad al
reclamo. Sabemos que se trata de un problema político, en el que
se afectan los intereses de múltiples grupos, mientras otros buscan réditos personales
para futuras elecciones. Pero no podemos desconocer
que en el fondo hay un problema de comunicaciones. Si las empresas suelen ser
las víctimas de las campañas mediáticas de quienes se oponen a los grandes
proyectos de infraestructura, puede ser porque van a la zaga de los desarrollos
en comunicaciones masivas y comunitarias. Tal vez sea el momento de revisar la
política de bajo perfil que ha caracterizado a las grandes corporaciones, debida
en buena parte a la mala fama que llevan a cuestas, debido a impactos sobre comunidades y medio ambiente en el pasado.
La realidad es que estos proyectos no son de interés exclusivo de las compañías. Si las
máquinas están allí y se produce la desviación del río, es porque hay todo un
plan de desarrollo avalado y promovido por el Estado, que le da legitimidad
política y social a este esfuerzo. No tiene sentido que sigamos polarizando el
desarrollo entre ambientalistas y capitalistas, como si los beneficios
estuvieran divididos en función de posiciones ideológicas.
La capacidad que tengan las
compañías de comunicarse con los múltiples grupos de interés, incluida la
opinión pública, es decisiva para pasar la página en esta historia de
desencuentros entre el progreso y la comunidad. Para ello, es necesario superar
la estrategia de comunicaciones centrada en mostrar niños y mujeres felices y
hábitats amigables. Si estamos dispuestos a defender el desarrollo, es porque
sus beneficios son reales para los diferentes grupos de interés. Nadie ha dicho
que los impactos son inocuos, pero eso no hace que la relación de costo
beneficio sea negativa.
Tenemos que madurar, pues, el
enfoque de comunicaciones corporativas en la materia, partiendo de la base de
que las relaciones entre grupos de interés no es exclusivamente un problema de
responsabilidad social, sino un asunto público, en el que muchos beneficiados tienen algo que decir a favor de dichos proyectos.
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